Abogado penalista en San Agustín de Guadalix

Somos un bufete de abogados tradicional especializado en derecho penal con sede en Madrid. Nos destacamos por brindar una atención personalizada y cercana a nuestros clientes. Ofrecemos servicios profesionales vinculados al ámbito penalista en San Agustín de Guadalix. Nuestra especialización principal se centra en los delitos relacionados con la seguridad vial. Dirigimos todos nuestros recursos hacia la búsqueda del resultado más beneficioso posible en la defensa de los intereses de nuestros clientes. Una estrategia procesal sólida puede resultar determinante para obtener un veredicto favorable. En cambio, una estrategia deficiente puede acarrear graves consecuencias para sus derechos e intereses. No se arriesgue, elija a un abogado experto en derecho penal para diseñar la mejor estrategia para resolver su caso.

¿Qué es el derecho penal?

El derecho penal es el área del derecho que regula los actos u omisiones que vulneran los derechos de las personas. Además, especifica qué acciones son consideradas punibles y cuáles son sus responsabilidades legales, ya sea por delitos que causen daño a bienes tangibles, físicos o jurídicos. Cubre cualquier comportamiento intencional o negligente que esté sujeto a sanción legal, conforme lo establecido en el Artículo 10 del Capítulo I, Título I, Libro I del Código Penal.

¿Cómo se clasifican estos delitos?

La clasificación de los delitos penales es una tarea altamente compleja, ya que está sujeta al criterio utilizado para ello. Entre los principales métodos de clasificación se encuentran varios aspectos a considerar. En primer lugar, se puede clasificar según la naturaleza de la acción delictiva, dividiéndola en delitos de omisión o de comisión. Esta distinción se basa en si el delito se comete por no realizar una acción debida o por llevar a cabo una acción prohibida, respectivamente. La forma procesal del delito también es un aspecto relevante para su clasificación. En este sentido, se pueden categorizar como delitos privados, públicos o semipúblicos, dependiendo de quién sea el sujeto activo del delito y quién lo afecte. Otro enfoque para clasificar los delitos es según el número de personas involucradas en la comisión del mismo. Así, se pueden diferenciar entre delitos individuales, perpetrados por una sola persona, y delitos colectivos, en los que participan múltiples individuos. Además, se puede considerar la cantidad de bienes jurídicos afectados por el delito para su clasificación. De esta manera, se distinguen entre delitos simples, que afectan un único bien jurídico, y delitos complejos, que pueden afectar varios. Por último, la intencionalidad en la acción delictiva también puede ser un criterio para clasificar los delitos. Así, se pueden distinguir entre delitos dolosos, cometidos con intención o dolo; delitos por imprudencia, donde la acción se realiza sin intención, pero con negligencia; y delitos preterintencionales, en los que se busca un resultado, pero se produce otro de mayor gravedad.

¿En qué tipos de delitos penales trabajamos?

Nuestro principal compromiso es para con nuestros clientes, tanto en calidad de parte acusadora como en su defensa. Nuestro enfoque se centra en velar siempre por sus intereses de manera prioritaria. Abordamos cada caso de manera individualizada, reconociendo que en el ámbito legal no hay dos situaciones idénticas. Esta atención personalizada nos facilita mantener una relación cercana con cada cliente, comprendiendo sus necesidades y circunstancias particulares.

Delitos penales contra la seguridad vial

El Código Penal español, específicamente en el Título XVII, Capítulo IV, comprendiendo desde el Artículo 379 hasta el 385 ter, detalla las conductas que representan una amenaza para la seguridad del tráfico, las cuales pueden constituir delitos contra la seguridad vial. En este marco legal, se enumeran las siguientes acciones que podrían configurar este tipo de delitos:

• Art. 379.1. Sobrepasar los límites de velocidad en 60 km/h en vías urbanas o 80 km/h en vías interurbanas.
• Art. 379.2. Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.
• Art. 380. Conducir de manera imprudente y temeraria.
• Art. 383. Negarse a someterse a pruebas para detectar la presencia de alcohol o drogas.
• Art. 384. Circular sin tener el permiso de conducir correspondiente.
• Art. 385. Colocar obstáculos en la vía o no retirarlos, así como sustraer, dañar o inutilizar las señales de tráfico.

Delito de violencia de género

Este tipo de delitos posiblemente sea el que más repercusión social genera. El maltrato o la violencia contra la mujer dentro del entorno familiar, tanto de manera física como psicológica, constituye uno de los crímenes más perseguidos por las leyes españolas en los últimos tiempos. Esto ha propiciado diversas reformas legales y campañas en pro de la protección de la mujer. En la actualidad, el delito de violencia de género se define como cualquier acto que atente contra la integridad física, psicológica, moral o la intimidad de la mujer, utilizando amenazas, lesiones o coacciones por parte del hombre. Además, esta conducta se agrava si ocurre en el ámbito familiar, aprovechando relaciones de afectividad con o sin convivencia.

Delitos penales contra el orden socioeconómico

Los delitos que impactan en la economía, específicamente en el orden socioeconómico, incluyen crímenes contra la hacienda pública o la seguridad social, delitos societarios, violaciones contra el mercado y los consumidores, así como delitos de corrupción entre particulares o en negocios. Además, también se encuentran dentro de este ámbito otros delitos contra el patrimonio, como el blanqueo de capitales, conocido comúnmente como lavado de dinero, el hurto y el robo, las estafas, o la apropiación indebida.

Delitos penales contra la salud pública

Una de las actividades delictivas más comunes dentro del marco legal español son aquellas relacionadas con la producción, distribución, manipulación y tráfico de drogas. Aunque no son los únicos crímenes contra la salud pública, son los más reconocidos y con mayor impacto en la sociedad. En términos generales, los delitos contra la salud pública abarcan todas aquellas acciones que ponen en riesgo el bienestar general y representan una amenaza para la salud de la comunidad. Estos delitos están contemplados y regulados en el Capítulo III del Título XVII del Código Penal. Constituyen un desafío significativo para las autoridades, ya que, por ejemplo, el tráfico de drogas conlleva otros delitos adicionales, como el blanqueo de capitales, lesiones o homicidios, entre otros. Además, suelen tener un alcance internacional o implicar el uso de sustancias químicas de uso cotidiano.

¿Qué implicaciones tiene contar con antecedentes penales?

La persona condenada por cualquier delito penal, figurará en el registro oficial del Ministerio de Justicia . Esto implica que, en caso de una condena firme, la persona tendrá antecedentes penales en su historial judicial. Estar incluido en este registro acarrea una serie de repercusiones en:

1. En el ámbito laboral, puede resultar en la prohibición de ejercer ciertos trabajos públicos, especialmente aquellos relacionados con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, atención sanitaria, banca, cuidado de menores o funciones legales.
2. En el ámbito administrativo, puede haber repercusiones negativas en solicitudes como la adopción de hijos o hijas, la obtención de becas o la afiliación a colegios profesionales.
3. En cuanto al ámbito penal, los antecedentes pueden afectar negativamente en caso de nuevas condenas judiciales. Los jueces y magistrados pueden imponer sanciones más severas a personas con antecedentes penales en su historial.

¿Es posible eliminar estos antecedentes penales del historial delictivo?

Cometer un delito y cumplir una condena penal no debería resultar en una marca permanente para una persona. Por ende, es crucial que los registros de antecedentes penales sean eliminados. Sin embargo, es importante señalar que estos registros aún pueden tener implicaciones legales y financieras hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones relacionadas con el delito. El tiempo durante el cual estos registros de antecedentes penales siguen siendo pertinentes se determina conforme a las disposiciones establecidas en el Código Penal.

• Penas leves: seis meses.
• Penas que no superen los doce meses o las sancionadas por acciones u omisiones imprudentes: dos años.
• Sanciones menos graves inferiores a tres años: tres años.
• Sanciones menos graves superiores o iguales a tres años: cinco años.
• Penas graves: diez años.

¿Qué debe hacer en caso de ser víctima de un delito penal?

La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla: informar a las autoridades mediante una denuncia. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil son las instituciones oficiales donde puede presentar un informe de carácter penal, o también puede hacerlo directamente en un juzgado. Así, un informe de índole penal se puede presentar a través de las plataformas en línea de estas entidades, como la aplicación e-denuncia de la Guardia Civil, o yendo personalmente a una comisaría, cuartel o juzgado y presentando la denuncia de forma oral o escrita ante los agentes.

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