La tenencia de perros ha originado normativa específica que tiene dos objetivos fundamentales: proteger el bienestar de los animales y promover una convivencia responsable.
La ley ha definido prohibiciones y obligaciones para cuidar el bienestar animal y asegurar las condiciones dignas de sus vidas, como higiene, alimentación, supervisión, entre otras.
Pero la legislación también se ha ocupado de definir responsabilidades de quienes tienen perros, que van más allá del ámbito privado y del animal en sí mismo.
Hay marcos legales que se enfocan en la presencia de animales en entornos compartidos que regulan la convivencia. Además de preocuparse por el bienestar de su perro, el dueño debe asumir obligaciones concretas para proteger los derechos y la seguridad de las personas, de otros animales y del entorno.
Por eso, cuando un perro muerde a una persona en un espacio público, el dueño del animal puede enfrentar consecuencias civiles e incluso penales. Aunque pueda parecer un caso remoto, los hechos pueden dar lugar a responsabilidad penal por parte del tenedor o propietario del animal.
Un perro muerde a una persona en un parque, ¿cuándo se considera delito?
En muchos casos, los incidentes provocados por mordeduras de perros se resuelven en el ámbito civil abonando las correspondientes indemnizaciones por los daños causados. Sin embargo, hay situaciones en las que el contexto del ataque, la actitud del propietario o la gravedad de las lesiones dan lugar a responsabilidad penal.
Un ejemplo de que los tribunales confirman la necesidad de la tenencia responsable de animales, es la Sentencia del Tribunal Supremo en un caso reciente. Con argumentos que se apoyan en la negligencia, imprudencia e incumplimiento de la normativa, la dueña de un perro que mordió a una niña, fue condenada por un delito penal.
Salió a pasear con su perro y terminó condenada penalmente
Como ocurre con frecuencia, la dueña de un perro de raza American Staffordshire Terrier lo llevó a un parque. El animal iba suelto, sin bozal y sin correa de sujeción. Esta raza está incluida en la lista de animales PPP (perros potencialmente peligrosos), y su tenencia está regulada por la Ley 50/1999 y el Real Decreto 287/2002.
La ley dispone una serie de requisitos que deben cumplirse para tener estos animales. Entre ellos está llevar bozal y correa corta en espacios públicos. Ninguna de estas condiciones se cumplía.
En el parque jugaba una niña de 5 años de edad. El perro se abalanzó sobre ella y comenzó a morderla en los glúteos. El abuelo intentó separar al perro de la niña, pero no lograba hacerlo. Entonces, llegó la dueña y liberó a la niña de las mordidas abriendo las mandíbulas al animal.
Como consecuencia, la niña sufrió lesiones serias en el glúteo izquierdo y requirió de intervenciones médicas delicadas, con anestesia, suturas quirúrgicas y medicación. La niña estuvo algunos días impedida de realizar sus actividades habituales. Además, le quedó la secuela de una cicatriz.
La familia presentó la denuncia penal. Y el caso fue tratado por un Juzgado de lo Penal y luego por la Audiencia Provincial. Después de estas instancias, ante la desconformidad con las resoluciones, el caso fue tratado por el Tribunal Supremo.
La sentencia 632/2024 del TS reafirmó la resolución del Juzgado en lo Penal, que había condenado por imprudencia grave a la mujer, y revocó la de la Audiencia Provincial, que la absolvió entendiendo que se trataba de una imprudencia leve.
El Tribunal Supremo sentenció que la dueña del perro había incurrido en un delito de lesiones por imprudencia grave al infringir la normativa reglamentaria. Lo había llevado sin correa y sin bozal. Había desconocido la posibilidad de que su perro, de gran tamaño y de raza peligrosa, pudiera atacar a alguien en la zona urbana y poblada en la que se encontraban. Y, además, estaba suelto en un parque infantil.
El castigo impuesto consistió en multa de pago de cuota diaria de 6 euros durante 10 meses, que suman 1.800 euros. Además, se dispuso que debía pagar 5.366 euros a los representantes legales de la niña por las lesiones y las secuelas sufridas.
¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo?
Este caso de delito penal por mordedura de perro, establece un precedente importante que realza la responsabilidad de los propietarios de animales. El artículo 152 del Código Penal establece penas de multa o prisión a quienes, por imprudencia grave, causen lesiones a otra persona.
Por lo tanto, la categorización de la imprudencia como grave es clave para definir la tipificación de delito penal. ¿Por qué en este caso se consideró imprudencia grave?
- Existe imprudencia grave cuando la conducta es omisiva o activa. En este caso, la mujer omitió las reglas de cuidado y, además actuó con negligencia.
- La dueña del animal conocía el riesgo, pues sabía que la raza American Staffordshire Terrier estaba clasificada como potencialmente peligrosa.
- No cumplió con las normas reglamentarias específicas, que exigen bozal, correa corta y control permanente.
- El ataque ocurrió en un parque infantil, un entorno concurrido por personas especialmente vulnerables.
El Tribunal Supremo demostró que para que se considere delito penal por imprudencia grave, no hace falta un comportamiento voluntario e intencionado. Basta con el riesgo previsible y la omisión grave a deberes de cuidado que disponen la normativa.
¿Qué deben aprender los dueños de perros de este caso?
Si bien la sentencia analizada correspondió a un caso particular, deja enseñanzas muy valiosas para los dueños de perros, especialmente para los de razas peligrosas.
En primer lugar, destaca la obligación de cumplir con las medidas de seguridad establecidas por la normativa, como el bozal, la correa y la vigilancia permanente del animal.
La intención del Tribunal Supremo fue clara. Quien elige convivir con una raza potencialmente peligrosa debe asumir las consecuencias de cualquier omisión o acción.
La sentencia actúa como una advertencia que reafirma que el incumplimiento de normas simples de seguridad puede derivar en consecuencias penales serias.
Un suceso como el ocurrido en el caso analizado, puede derivar en un proceso legal complejo, en el que se definirán tanto responsabilidades civiles como legales en algunos casos.
Contar con el asesoramiento de un abogado especialista permitirá abordar desde el primer momento el alcance legal de lo sucedido. Ayudará al dueño del animal a construir una defensa que tenga en cuenta todos los elementos relevantes. Además, el profesional representará a su cliente para negociar acuerdos que eviten el juicio penal.
