Absolución en juicio por temeridad al volante

La justicia penal en España opera sobre una tensión permanente entre el poder sancionador del Estado y la protección de los derechos más básicos del individuo. Dentro de ese equilibrio, el abogado defensor no ocupa un papel secundario ni accesorio: es una pieza sin la cual el sistema no puede funcionar con legitimidad. La presunción de inocencia, el derecho a un proceso justo y la tutela judicial efectiva no son proclamas abstractas; son garantías que solo cobran vida real cuando existe una defensa técnica capaz de hacerlas valer. Prueba de ello es la absolución en juicio por temeridad al volante obtenida en las Diligencias Previas 455/2019, tramitadas ante la Sección de Instrucción n.º 1 de Madrid, un asunto que ilustra con claridad meridiana cómo una estrategia defensiva bien construida desde el inicio puede torcer el rumbo de un procedimiento que, en apariencia, partía en contra del investigado.

A lo largo de las siguientes páginas se recorre paso a paso el desarrollo procesal de este caso, poniendo el foco en las decisiones adoptadas por la defensa y en el razonamiento jurídico que las sustentó. El objetivo es mostrar, con un ejemplo concreto, de qué manera una intervención temprana, rigurosa y técnicamente fundamentada resultó determinante para alcanzar el sobreseimiento de unas actuaciones iniciadas por un presunto delito contra la seguridad vial: el de conducción temeraria captada en vídeo y difundida públicamente.

El vídeo como detonante: así comenzó el procedimiento penal

Todo comenzó el 23 de diciembre de 2018 en la M-40 de Madrid. Un encontronazo entre dos vehículos —uno de ellos conducido por quien sería nuestro cliente— desembocó en una sucesión de maniobras y cambios de carril que un tercero, nunca identificado, decidió grabar. El vídeo no tardó en circular por redes sociales, donde lo localizó la Guardia Civil. A partir de ahí, esa grabación se convirtió en el eje central de la investigación y el motivo por el que ambos conductores quedaron en el punto de mira de la justicia, imputados por un presunto delito de conducción temeraria conforme al artículo 380 del Código Penal.

Desde el primer momento, la acusación descansaba casi por completo sobre una única pieza de prueba de naturaleza digital. Y no precisamente una prueba sólida: su procedencia era desconocida, su autoría no estaba acreditada y su cadena de custodia presentaba serias interrogantes. Un análisis apresurado podría haber pasado por alto estas grietas. La defensa, en cambio, las identificó de inmediato y decidió convertirlas en el primer y principal campo de batalla del procedimiento.

Cómo la defensa atacó la validez del vídeo

El 26 de abril de 2019, el letrado de Abogado Delitos se personó en las actuaciones y no perdió un segundo. Lejos de adoptar una postura de espera, ese mismo día presentó un escrito de impugnación expresa de la prueba digital, marcando desde el principio el tono de una defensa activa y técnicamente exigente.

El escrito no era un trámite rutinario. Era una declaración de intenciones respaldada por una argumentación jurídica y jurisprudencial de calado, que cuestionaba frontalmente la validez del vídeo sobre el que descansaba toda la acusación.

El primer argumento giraba en torno a la falta de autenticidad y la vulnerabilidad intrínseca de los archivos digitales a la manipulación. Al ignorarse quién grabó las imágenes, con qué dispositivo y por qué manos habían pasado antes de llegar a las redes sociales, resultaba imposible garantizar que el contenido no hubiera sido alterado. La defensa invocó la doctrina del Tribunal Supremo recogida, entre otras, en la STS 300/2015, de 19 de mayo, que exige abordar este tipo de pruebas con especial cautela.

El segundo frente atacaba la distribución de la carga probatoria. Apoyándose en esa misma jurisprudencia, el letrado sostuvo que, una vez impugnada formalmente la prueba, corresponde a quien pretende valerse de ella —en este caso, la acusación— acreditar su autenticidad e integridad. Para ello habría sido imprescindible una pericial que identificara el origen del archivo, sus sucesivos interlocutores y la ausencia de modificaciones. Dicha diligencia no constaba en ningún lugar de las actuaciones.

El tercer pilar de la impugnación apuntaba directamente a la ruptura de la cadena de custodia. Tratándose de un vídeo de autor y fuente desconocidos, no existía garantía alguna de que no hubiera sido modificado —de forma deliberada o accidental— en su tránsito por distintos dispositivos y plataformas. Para reforzar este argumento, la defensa de Abogado Delitos citó las STS 195/2014, STS 320/2015 y STS 388/2015, que consolidan la exigencia de una cadena de custodia íntegra como requisito de validez probatoria.

Esta primera intervención resultó determinante. Al sembrar una duda más que razonable sobre el único elemento de cargo con peso real, la defensa construyó el cimiento sobre el que se apoyaría, más adelante, la solicitud de archivo de las actuaciones.

La defensa va más allá: atacar no solo la prueba, sino el tipo penal en sí

Con el principal elemento de cargo seriamente debilitado, la defensa avanzó al siguiente movimiento el 16 de mayo de 2019: la solicitud formal de sobreseimiento libre y archivo de las diligencias. Este nuevo escrito ampliaba el campo de batalla. Ya no se trataba solo de cuestionar la prueba desde un punto de vista formal, sino de demostrar que, incluso aceptando los hechos tal y como los describía la acusación, la conducta del investigado no reunía los elementos necesarios para constituir un delito.

El letrado de Abogado Delitos diseccionó uno por uno los requisitos que exige el artículo 380 del Código Penal para que una conducta al volante pueda calificarse como temeraria, y acreditó que ninguno de ellos concurría en este caso.

• Abordó la ausencia de temeridad manifiesta. Frente a la lectura que la Guardia Civil hacía de las imágenes, la defensa opuso las declaraciones de los propios investigados. Según estas, ambos vehículos circulaban a una velocidad moderada, realizaban cambios de carril permitidos y en ningún momento perturbaron la circulación del resto de usuarios de la vía. Nada de ello alcanzaba el umbral de «notoria desatención a las normas reguladoras del tráfico» que el tipo penal exige de forma expresa.
• Este fue el núcleo argumental del escrito, la defensa puso el acento en la inexistencia de un peligro concreto. Citando la STS de 1 de abril de 2002, el letrado recordó que es precisamente ese peligro real y constatable para la vida o la integridad física de personas identificadas lo que transforma una infracción administrativa en delito. En las actuaciones no había evidencia alguna de que otro conductor se hubiera visto obligado a frenar bruscamente, realizar una maniobra evasiva o enfrentarse a una situación de riesgo real. La peligrosidad, en definitiva, no pasaba de ser una hipótesis.
• Finalmente, se argumentó la falta de dolo. Los delitos contra la seguridad vial tienen naturaleza dolosa: requieren que el autor conozca lo que hace y lo quiera. La defensa sostuvo que la conducta de su cliente no evidenciaba ese «consciente desprecio» por la integridad ajena que caracteriza el dolo eventual. Lo ocurrido no era más que un altercado de tráfico, sin que ninguno de los implicados se hubiera representado siquiera como posible un resultado lesivo.

Para cerrar el escrito, el letrado invocó el principio de intervención mínima del derecho penal, conocido también como principio de ultima ratio. Si los hechos carecían de la gravedad y el peligro concreto que el tipo exige, el ordenamiento jurídico ya disponía de herramientas suficientes para responder a ellos: las sanciones administrativas. El derecho penal, como último recurso, no tenía nada que hacer en este asunto.

El juzgado da la razón a la defensa: absolución y archivo definitivo

La estrategia trazada en dos movimientos precisos y bien ejecutados encontró su recompensa el 13 de junio de 2019, cuando el Juez Instructor dictó el auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. La resolución era escueta, pero su mensaje era inequívoco: «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa».

La defensa había solicitado el sobreseimiento libre, y el juzgado acordó el provisional. Pero esa diferencia técnica no empañó en absoluto el resultado: fue una victoria completa. La decisión judicial recogía, aunque sin citarlos expresamente, los pilares sobre los que se había construido toda la estrategia defensiva: la fragilidad de una prueba digital cuya validez había quedado seriamente comprometida y la ausencia de acreditación de los elementos —tanto objetivos como subjetivos— que el tipo penal requiere.

Lo que este caso pone sobre la mesa va más allá del resultado concreto. Es una muestra nítida de lo que significa ejercer el derecho de defensa con rigor, con método y con visión de conjunto. El abogado defensor no se limitó a rebatir lo que la acusación ponía encima de la mesa, sino que fue un paso por delante en todo momento. Primero identificó el punto más vulnerable del caso —esa grabación de origen incierto sobre la que descansaba todo— y lo atacó con precisión quirúrgica. Después construyó un argumentario de fondo que cuestionaba no ya la prueba, sino la propia esencia del reproche penal.

El caso ilustra también una realidad que la práctica forense confirma cada día: la defensa penal contemporánea no se agota en el conocimiento del derecho sustantivo. Exige dominio de la prueba, y en particular de la prueba digital, cuya presencia en los procedimientos penales no hace sino crecer. Exige, además, una capacidad estratégica para leer el procedimiento y actuar en el momento oportuno. Fue precisamente esa combinación la que, en este asunto, evitó que unos hechos de dudosa relevancia penal llegaran a juicio oral, blindando la presunción de inocencia del investigado y recordando que el derecho penal debe reservarse, siempre, para aquellos casos en que no queda otro camino.

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